En estos tiempos de auge en la adquisición de vivienda en España, se ha evidenciado un aumento en los precios de los alquileres. Esta situación cada vez ofrece mayores beneficios para los arrendadores.
Sin embargo, hay un sector que no percibe el mismo incremento en sus ingresos, pues posee un contrato de alquiler antiguo y, de acuerdo con lo planteado en la ley, ninguna de las partes puede modificar unilateralmente el importe acordado en el contrato.
Este tipo de arrendamiento fue suscrito antes del 9 de mayo 1985 y estipula que debe mantenerse el importe de la renta hasta que el inquilino fallezca, esto en caso de que no se subrogue el alquiler a los descendientes del difunto.
Debido a la inconsistencia en los alquileres antiguos con respecto a la ley actual y los ingresos percibidos, el Tribunal Supremo “ha clarificado ahora que el casero puede dar por finalizado un alquiler de renta antigua” cediendo finalmente una posibilidad de mejora económica para los propietarios que hasta el momento habían sido excluidos.
Dicho pronunciamiento se realizó luego de que se consiguiera una fisura legal en la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64, la cual cita que “cuando las obras de conservación exceden del 50% del valor del piso, entonces el propietario puede solicitar la resolución del contrato”.
Comúnmente el dueño de la vivienda tiene la obligación legal de realizarle todas las obras y mejoras necesarias al inmueble para mantenerlo en condiciones óptimas de habitabilidad. E incluso cuando se trata de un alquiler antiguo, el arrendatario tiene el deber de mantener en buenas condiciones su propiedad y solventar los daños causados por el deterioro del paso del tiempo.
En este sentido, de acuerdo al vacío o fisura legal que se ha encontrado recientemente, el casero puede dar resolución a un contrato antiguo si el gasto que ha realizado por concepto de obras de conservación supera el 50% del costo total del piso arrendado, excluyendo el valor del suelo.