El Ministerio de Hacienda realizó una campaña para actualizar el Catastro que llegó a regularizar el registro de unas 900.000 viviendas e inmuebles. La mayoría de las propiedades presentaban distintas irregularidades en este proceso. Dicha campaña permitió que el fisco llegara a recaudar más de 700 millones de euros a través de impuestos y sanciones establecidas por la Ley.
Este plan fue denominado “Plan de Regulación Catastral” (PRC) y fue creado con el objetivo de detectar el fraude fiscal y constatar la construcción ilegal de viviendas que no habían informado sobre las reformas, remodelaciones u otros procedimientos. Entre las tasas que han tenido que pagar los propietarios afectados, se encuentran:
-
Tasa de 60 euros por regularizar.
-
Sanciones pertinentes por haber incumplido la normativa.
La hacienda pública ha hecho estos planes desde el 2013, en plena época de crisis, y en primera instancia se tenía previsto que funcionara únicamente en el período 2013-2016, pero se ha mantenido hasta el día de hoy. El objetivo es actualizar todos los inmuebles del país dentro de un tiempo prudencial.
La tecnología como apoyo del Estado
Para realizar esta tarea, el Estado ha empleado tecnología de punta como los drones. Un ejemplo de esto es que el Catastro de Menorca al poner en funcionamiento un dron en 2013 ha logrado identificar unas 2.500 modificaciones o construcciones de piscinas no notificadas a dicho organismo.
Toda esta campaña ha logrado aumentar la tributación a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y se espera que genere contribuciones en la plusvalía municipal.
El balance del Catastro de Madrid
Este Catastro hizo un balance después de más de un año de regularización: desde que comenzó el plan, se actualizaron más de 35.000 inmuebles que estaban fuera de las normativas que establece la Ley.
Entre las edificaciones registradas se contabilizaron viviendas, garajes y locales por obras de construcción que no habían sido notificadas. Pese a no imponer sanciones, se aumentaron los ingresos por IBI en 13 millones de euros.